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lunes, noviembre 29, 2010

CRIMENES FARMACEUTICOS



ANTES DEL ARTICULO, DECIR QUE ESTA CLASE DE CRIMENES, SIEMPRE HA PASADO DESDE QUE ALGUIEN VENDE SALUD, Y OTRO COMPRA, EN EPOCA DE GUERRAS, SE HA LLEGADO A VENDER VENENO, EN DOSIS MINIMAS, PARA HACERLO PASAR POR MEDICAMENTOS, Y EN TODAS LAS EPOCAS, MAS EN GUERRA, MEDICAMENTOS CADUCADOS, QUE EN ALGUNOS CASOS, HACIAN SU COMETIDO, EN OTROS, NO TENIAN NADA DE ACCION, YA QUE SU SUSTANCIAS ACTIVAS, HABIAN PERDIDO YA SU ACTIVIDAD, Y LO PEORES CASOS, QUE LA ACCION MEDICAMENTOSA, SE HABIA CONVERTIDO EN TOXICIDAD ( ESTO SUELE PASAR TAMBIEN CON MEDICAMENTOS VIABLES, POR CAUSAS AJENAS AL MEDICO, Y AL PACIENTE ). AUNQUE LA VERDAD, EL MAYOR CRIMEN, ES MIRAR PARA OTRO LADO, Y PENSAR QUE ESO NO VA CONMIGO.

TAMBIEN, TENER UNA VACUNA, PERO COMO SE TIENE UNA MEDICACION, ENTERRARLA, HASTA QUE LA SITUACION SE HAGA PELIGROSA, O HASTA HABER SACADO LOS DIVIDENDOS ESPERADOS POR LOS MEDICAMENTOS; Y EN VACUNAS, TENERLA, CON UNA SIMPLE DOSIS, LA GENTE SE QUEDARIA INMUNIZADA, PERO RELENTIZAR EL GRADO DE ACCION DEL MEDICAMENTO, TOTAL, QUE IGUAL, TIENE QUE PASAR UNOS AÑOS, VACUNANDOSE CADA CIERTO TIEMPO, PARA SANAR, CUANDO CON UN SOLO PINCHAZO, TODO ESTARIA ACLARADO.
Y TERMINANDO, ESTA PEQUEÑA INTRODUCCION, NO TIENE QUE ESTAR RELACIONADA CON EL VIH, SINO CON TODAS LAS ENFERMEDADES EN COMUN.


LOS CRÍMENES

DE LAS GRANDES COMPAÑÍAS FARMACÉUTICAS
Teresa Forcades i Vila





1. EL CASO DE LA “DISFUNCIÓN SEXUAL FEMENINA”
2. EL CASO DE LOS MEDICAMENTOS ANTI-SIDA EN ÁFRICA
3. RIQUEZA Y PODER CONTRA LOS POBRES .
3.1. Riqueza y poder de las grandes compañías farmacéuticas
3.2. ¿Cómo utilizan las farmacéuticas su poder económico?
4. UNA CRISIS INTERNA. CAPACIDAD DE INNOVACIÓN TERAPÉUTICA
SUBSTITUIDA POR MÁRQUETING
4.1. Crisis actual de las compañías farmacéuticas
4.2. Márqueting vs. innovación terapéutica
5. UNA OPORTUNIDAD PARA DESMANTELAR EL SISTEMA






En el breve periodo que va de 2000 a 2003, casi la totalidad de
las grandes compañías farmacéuticas pasaron por los tribunales de
EEUU, acusadas de prácticas fraudulentas. Ocho de dichas empresas
han sido condenadas a pagar más de 2,2 billones de dólares
de multa. En cuatro de estos casos las compañías farmacéuticas
implicadas –TAP Pharmaceuticals, Abbott, AstraZeneca y Bayer–
han reconocido su responsabilidad por actuaciones criminales que
han puesto en peligro la salud y la vida de miles de personas1.
¿Cuáles son esas actuaciones? ¿Quién recibe sus consecuencias?
¿Qué mueve a las compañías farmacéuticas a actuar de tal forma?
¿Qué respuestas están teniendo lugar ante esos abusos y cuáles
deben producirse aún? En este Cuaderno estudiaremos las actuales
estrategias de esta industria y el impacto directo que éstas tienen
en la forma en que concebimos la salud y la enfermedad y en
los recursos que tenemos para promocionar la primera y prevenir o
curar la segunda.








  1. EL CASO DE LA “DISFUNCIÓN SEXUAL FEMENINA”

En el año 1998, la empresa Pfizer, la principal compañía farmacéutica
de EEUU, comercializó un medicamento conocido con el nombre de
Viagra” para el tratamiento de la disfunción sexual masculina (concebida
como disminución o desaparición de la capacidad de erección).
Tres años más tarde, a 17 millones de hombres del mundo entero les
había sido recetado dicho medicamento y su volumen de ventas en un
solo año (2001) superaba los mil quinientos millones de dólares2. Con
este nuevo producto, Pfizer había superado largamente los criterios de
definición de un “blockbuster”, que es el nombre con que se conoce en
el argot de las farmacéuticas un medicamento con un volumen de ventas
anual superior a los mil millones de dólares (o de euros). Los directivos
de Pfizer se preguntaron: “¿Y si fuera posible conseguir un éxito
semejante con un producto similar dedicado a las mujeres?”. El problema
era que si bien existía un criterio aparentemente claro para
hablar de “disfunción” en el caso de la sexualidad masculina (las dificultades
en la erección), en el caso de las mujeres esto era mucho más
difícil de definir y, sobre todo, de cuantificar o evaluar objetivamente.



En el año 1997 –pocos meses antes
de que Viagra apareciera en el mercado–
ya había tenido lugar en Cape Cod
(Nueva York) el primer encuentro de especialistas
médicos para determinar el
perfil clínico de la “disfunción sexual
femenina”3. La iniciativa, organización
y financiación del encuentro corrieron a
cargo de 9 compañías farmacéuticas
muy preocupadas por el hecho de que
no existiera una definición de este trastorno
compatible con un potencial tratamiento
farmacológico.
Los promotores de tal encuentro eligieron
entre sus colaboradores directos
las personas que debían asistir al mismo.
El objetivo de la reunión era diseñar
la estrategia adecuada para crear una
nueva patología en función de los intereses
económicos de la industria farmacéutica.
Un año y medio más tarde, en
octubre de 1998, se celebró en Boston
la primera conferencia internacional para
la elaboración de un consenso clínico
sobre la disfunción sexual femenina4.
8 compañías farmacéuticas
financiaron esta conferencia y 18 de los
19 autores de la nueva definición “consensuada
internacionalmente” admitieron
tener intereses económicos directos
con estas u otras compañías.
Un año más tarde, en 1999, apareció
un artículo en la revista JAMA titulado
“Disfunción sexual en EEUU: prevalencia
y variables predictivas”5, en el
que se afirmaba, supuestamente con objetividad
científica, que un 43% de la
población femenina de EEUU sufría la
“nueva enfermedad” definida según los
intereses de la industria farmacéutica.
Los pasos seguidos para identificar a la
“población enferma” fueron los siguientes:
1) se elaboró una lista de 7
“problemas” considerados cada uno de
ellos de suficiente peso como para justificar
el diagnóstico de la nueva enfermedad
si una mujer los había presentado
durante dos meses o más en el último
año; 2) se pasó el cuestionario a una
muestra de 1.500 mujeres; 3) se evaluaron
los resultados de forma que responder
“Sí” a uno solo de los ítems se consideró
criterio suficiente para identificar
la enfermedad. Uno de los 7 ítems era
la ausencia de deseo sexual. Es decir,
que las mujeres que respondieron que
no habían tenido deseo sexual durante
dos meses o más en el último año, automáticamente
–independientemente de
si estaban de luto por la muerte de un
ser querido, preocupadas por falta o por
exceso de trabajo, atrapadas en una relación
insatisfactoria o gozando de una
etapa de plenitud interior–, quedaron
etiquetadas de “disfuncionales” y pasaron
a engrosar el porcentaje de candidatas
potenciales para el tratamiento
que la industria farmacéutica confiaba
poder desarrollar en breve. Dos de los
tres autores del citado artículo tenían
vínculos económicos con laboratorios
farmacéuticos.
El mismo año, en octubre de 1999,
tuvo lugar un tercer encuentro sobre el
tema, organizado por la Facultad de
Medicina de la Universidad de Boston,
pero promovido y financiado por 16
compañías farmacéuticas. El 50% de los
asistentes admitieron tener intereses en
la industria farmacéutica6. Del encuen-
tro surgió el Fórum para la Función
Sexual Femenina, que celebró dos conferencias
más en los años 2000 y 2001
en Boston gracias a la financiación de
20 compañías farmacéuticas, lideradas
por Pfizer7.
En el año 2003, esta manipulación
de los criterios médicos en función de
los intereses comerciales fue denunciada
por Ray Moynihan en una de las revistas
médicas de mayor prestigio, el
British Medical Journal8. Los editores
de la revista recibieron en 6 semanas un
total de 70 respuestas y comentarios con
relación al artículo de Moynihan. 2/3 de
las respuestas fueron de apoyo y confirmaron
la indignación de los profesionales
de la medicina ante dicha manipulación
aunque, como deja bien claro una
de las respuestas, sin ellos no podría
producirse9. Si los médicos no colaborásemos
con los abusos de las compañías
farmacéuticas, esos abusos no acontecerían.
En diciembre de 2004, la agencia
reguladora de los medicamentos en
EEUU impidió que se comercializara
el primer medicamento destinado a sanar
la “disfunción sexual femenina” (el
parche de testosterona de los laboratorios
Proctor y Gamble)10. Los responsables
de los estudios clínicos –todos
financiados y supervisados por Proctor
y Gamble– habían presentado sus resultados
de forma sesgada, de modo
que lo que eran unos beneficios dudosos
y unos más que probables efectos
secundarios peligrosos (cáncer de pecho
y enfermedad cardiaca) se anunciaban
como beneficios claros y riesgos
negligibles. De momento aún no ha
sido desarrollado ningún otro medicamento
para la disfunción sexual femenina,
entre otras cosas debido a una
creciente conciencia por parte de todos
los agentes implicados de los efectos
nocivos del exceso de influencia de las
compañías farmacéuticas en el ejercicio
de la medicina11.
La disfunción sexual femenina (como
cualquier otra enfermedad) tiene
que ser estudiada en función de los intereses
médicos de las mujeres afectadas
y no en función de los intereses económicos
de algunas de las empresas
más ricas del planeta.



Los medicamentos genéricos son aquellos que se venden sin nombre comercial,
haciendo constar en la caja simplemente el nombre del principio farmacológico
(por ejemplo: ‘aspirina’ es un nombre comercial que sólo puede utilitzar la
casa que se lo inventó, en este caso la casa Bayer; ‘AAS’ (ácido acetil salicílico)
es el nombre genérico que corresponde al principio activo de la aspirina).
No es lo mismo ser VIH-positivo” que “tener la SIDA”. Con los tratamientos
actuales, una persona VIH-positiva puede vivir muchos años sin desarrollar la
enfermedad.
VIH: virus de la inmunodeficiencia humana
SIDA: síndrome de la immunodeficiencia adquirida



2. EL CASO DE LOS MEDICAMENTOS ANTI-SIDA EN
ÁFRICA
El 23 de marzo de 2005, el parlamento indio se vio obligado a aprobar,
por imperativo de los acuerdos internacionales de la Organización
Mundial del Comercio (OMC), una nueva ley de patentes que modificaba
la de 1970 para que en el futuro la comercialización de medicamentos
en India estuviera sometida al sistema de patentes. Hasta
aquel momento, en caso de que los propietarios de las patentes hicieran
un uso abusivo de las mismas (por ejemplo, proponiendo precios
inasequibles para la población india), los laboratorios farmacéuticos de
India podían producir legalmente preparados genéricos de medicamentos
que aún estaban protegidos por patentes en los países ricos.


La industria india de genéricos daba
trabajo en el año 2003 a 500.000 personas
en más de 20.000 empresas (que,
mediante contratos subsidiarios, daban
trabajo a un total de más de 2,5 millones
de personas)12. De acuerdo con la
ley de 1970 que en marzo de 2005 fue
derogada, los genéricos indios podían
ser comercializados en otros países pobres,
como la mayoría de países del
África subsahariana, donde hoy residen
más de 30 de los 40 millones de personas
infectadas con el VIH en todo el
mundo. Según informes de la ONU del
año 2003, más de 30 millones de personas
están infectadas con el VIH en el
África subsahariana. En el estado de
Botswana, por ejemplo, el 40% de las
mujeres están infectadas por VIH, y en
el de Lesotho lo está un tercio del total
de la población13. Por falta de medicamentos
antirretrovirales, tres millones
de africanos mueren todos los años de
SIDA.
La industria farmacéutica india de
genéricos ha sido hasta el momento fun-
damental para asegurar el acceso a los
medicamentos a un porcentaje ínfimo
(menos del 1%) pero creciente de la población
de los países pobres, especialmente
el acceso a los medicamentos antirretrovirales
necesarios para tratar la
infección por VIH. Gracias a esta libre
competencia que eliminaba el sistema
de patentes, el precio del tratamiento antirretroviral
se había reducido en el año
2004 de 1.500 a 150 dólares por persona
y año14. Además, dado que no tenían
que respetarse las patentes que obligan
a producir cada medicamento por
separado, los laboratorios indios podían
combinar los tratamientos múltiples en
una sola pastilla. La reducción del coste
y la simplificación del tratamiento
que supone la combinación de tres principios
activos diferentes en una única
pastilla han tenido efectos dramáticos
en la posibilidad de tratar con éxito la
epidemia de SIDA.
Aescala mundial, unas 350.000 personas
en tratamiento antirretroviral dependen
de la producción de genéricos
en India. Este número representa la mitad
de la totalidad que toma tratamiento
antirretroviral en los países en vías de
desarrollo. Ello significa que menos de
un 2,5% de los seropositivos por VIH
reciben tratamiento en los países en vías
de desarrollo. Millones de personas
mueren todos los años a causa de ello.
Con el reforzamiento internacional del
sistema de patentes, todos los medicamentos
creados entre 1995 y 2005 más
todos los que se creen a partir de 2005,
estarán protegidos por la patente y no
entrarán en competencia libre, con lo
que su precio puede encarecerse más de
10 veces (como mínimo). Y esto, en
cuanto a los medicamentos esenciales
para tratar la infección de VIH, otras infecciones
muy prevalentes y potencialmente
mortales (como la malaria o la tuberculosis)
o el cáncer. Entre 1995 y
2005 ha habido en India 8.926 demandas
de patentes que, debido a la nueva
ley impuesta por la OMC, ahora deberán
ser revisadas. De estas casi 9.000 patentes,
más de 7.000 proceden de multinacionales
extranjeras, con el gigante
farmacéutico Pfizer al frente.
Pfizer es hoy la mayor compañía farmacéutica
del mundo, y uno de los principales
agentes económicos en EEUU.
Pfizer doblegó al gobierno francés en
2002 con la amenaza de retirarse de
Francia si sus demandas no eran atendidas,
es decir, si el gobierno francés ponía
pegas a sus precios claramente abusivos;
el gobierno francés cedió y no
hubo escándalo15. Si un estado de la
Unión Europea como Francia tuvo que
ceder a sus demandas, ¿con qué fuerza
política podrían oponerse a la imposición
de pactos bilaterales desventajosos
los países en vías de desarrollo?
La relación directa entre la imposición
de una patente y la mortalidad de
la población puede ejemplificarse con el
caso de Brasil. En Brasil, desde que se
votaron leyes que prohíben patentar los
medicamentos aparecidos en el mercado
brasileño antes de 1997, pudieron
producirse localmente equivalentes genéricos
de 8 de los 12 antirretrovirales
disponibles mundialmente con una reducción
de promedio del coste del 79%.
En el año 2003 se constató que se había
estabilizado la epidemia y se había reducido
la mortalidad a la mitad16. Con
la nueva legislación internacional la
producción de genéricos de Brasil también
quedará bloqueada.
Por su interés, reproduciremos a
continuación algunos extractos de la
carta que Karim Laouabdia, portavoz de
la campaña para el acceso a las medicinas
esenciales de Médicos sin Fronteras
(MSF), dirigió el 20 de septiembre de
2005 a Pascal Lamy con motivo de su
elección como director general de la
Organización Mundial del Comercio
(OMC):


“La crisis VIH/SIDA ha evidenciado la necesidad urgente de asegurar que los
medicamentos esenciales estén disponibles a precios asequibles. Hoy, aproximadamente
la mitad del millón de personas que reciben tratamiento antirretroviral en
los países en vías de desarrollo dependen de la industria de genéricos. Las dosis
combinadas que se producen en India simplifican enormemente la administración
del tratamiento antirretroviral y han jugado en papel crítico en hacer llegar el tratamiento
a las áreas de escasos recursos.
La Declaración de Doha de la OMC del año 200117 representó un paso fundamental
para aumentar el acceso a los medicamentos. Esta declaración apoya
de forma clara a cualquier gobierno en la tarea de proteger la salud de su población
utilizando las brechas legislativas del ADPIC para superar las barreras impuestas
por el sistema de patentes, y ayuda a los países menos desarrollados extendiendo
el periodo de transición libre de patentes hasta el año 2016.
Desde entonces, sin embargo, hemos asistido al desmantelamiento sistemático
de la Declaración de Doha mediante acuerdos comerciales bilaterales que imponen
niveles de protección de la propiedad intelectual mucho más elevados que
los exigidos por la OMC.
El impacto de la protección de patentes en los programas del VIH será muy
evidente en los próximos años, en los que un número muy elevado de pacientes
que se encuentran hoy en tratamiento se verán obligados a sustituir su actual tra-
tamiento por medicamentos más nuevos, de segunda línea. Estos medicamentos
son de promedio de 4 a 10 veces más caros que los de primera línea, y casi todos
son o serán patentados en países pobres que tendrían la capacidad de producirlos
en versión genérica (India, Brasil y Tailandia).
(...) Además, el impacto de la nueva legislación de patentes no se limita a los
medicamentos antirretrovirales, sino que afectará de forma progresiva a todo el
conjunto de enfermedades por lo que refiere a los medicamentos que se desarrollen
a partir de ahora.
(...) Hasta el momento –y en contra de las promesas realizadas– el aumento
de la protección de patentes en los países en vías de desarrollo no ha contribuido
al incremento de la investigación. Muchas enfermedades graves son simplemente
ignoradas. Vivimos las consecuencias de ello en nuestro día a día asistencial:
cuando se trata de diagnosticar la tuberculosis en personas infectadas
por VIH; al tratar enfermedades tropicales como la leishmaniasis, que afecta a
12 millones de personas; en el seguimiento de los infectados con el VIH y en el
tratamiento de los niños con VIH...”



Menos de 3 meses después de haber
expuesto la urgencia de esta situación
ante la OMC, Médicos sin Fronteras
emitía un comunicado de prensa en el
que denunciaba que, además de prohibir
la producción de genéricos en los países
pobres, las compañías farmacéuticas
se negaban a comercializar en
dichos países los medicamentos que no
les aportaban suficientes beneficios18.
El ejemplo que ponían era el de la combinación
antirretroviral Kaletra de la casa
Abbott. La casa Abbott ha comercializado
recientemente una versión del
Kaletra que no necesita refrigeración. A
pesar de la gran utilidad que un preparado
así tendría en el contexto africano,
debido a las elevadas temperaturas y a
la frecuencia con que se interrumpe el
suministro eléctrico, la casa Abbott se
ha negado a comercializarlo en África.
En cuanto a otro de los medicamentos
antirretrovirales recomendado por la
OMS, el Tenofovir, la casa Gilead, que
tiene su patente, tampoco lo ha comercializado
en África.




3. RIQUEZA Y PODER CONTRA LOS POBRES
El extraordinario incremento de poder político y económico de las
grandes compañías farmacéuticas estadounidenses se inició con la ley
de extensión de patentes (Ley Hatch-Waxman) que la mayoría republicana
de la era Reagan aprobó en 1984, y se consolidó con la creación
de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1994, destinada a
asegurar que la globalización no atentara contra los intereses del gran
capital



3.1. RIQUEZA Y PODER DE LAS GRANDES COMPAÑÍAS FARMACÉUTICAS

Los márgenes brutos de esta industria
son del 70 al 90% y su tasa de ganancias
es la más elevada de todas (según
la revista Fortune fue, en el año
2000, del 18,6%, versus el 15,8% de los
bancos comerciales; la tasa de ganancias
de Pfizer, la mayor compañía farmacéutica,
fue en el año 2004 del 22%
del total de las ventas, que fueron de 53
billones de dólares20 (para poder evaluar
la potencia económica de una empresa
así puede resultar ilustrativo hacer
notar que el total de ingresos impositivos
del conjunto del Estado español
aquel mismo año –2004– fue de 138 billones
de euros y que el total de ingresos
derivados de las declaraciones de
Renta fue de 32 billones de euros)21. A
pesar de dichas ganancias billonarias, la
carga impositiva de la industria farma-
céutica es muy inferior a la media de las
empresas (de un 16,2% versus el 27,3%
del promedio de la gran industria),
mientras que su principal producto (los
medicamentos de receta) incrementa de
precio muy por encima del nivel de la
inflación (de un 6 a un 20% todos los
años)22. El lobby de las compañías farmacéuticas
de EEUU (la PhRMA) contaba
en el año 2000 con 297 lobbysters
profesionales, es decir, uno por cada dos
congresistas23. Dicho número –que ya
superaba en mucho el de cualquier otro
grupo de presión–, ha sido triplicado en
los últimos años, de modo que en 2002
la PhRMA financió el trabajo de 675
lobbysters, lo que significa que había,
trabajando en Washington, más promotores
de los intereses de las compañías
farmacéuticas que congresistas24. Ello
(como veremos en el apartado 3.2) ha
hecho posible que esta industria consiguiera
las ventajosas condiciones que le
han permitido dominar progresivamente
el mercado mundial: el 60% de las patentes
de medicamentos son de EEUU,
versus el 20% de la Unión Europea, y
EEUU domina el mercado de los 50 medicamentos
más vendidos (todos, blockbusters)
25.
Las exenciones y reducciones de impuestos
expuestas más arriba y la multiplicación
de leyes y pactos favorables
a partir de la era Reagan muestran que
la situación actual de desproporcionado
privilegio de que disfruta la industria
farmacéutica no es fruto del “libre mercado”
sino de una política deliberada
destinada a proteger una industria que
en EEUU es tan estratégica como la del
petróleo.
En el año 2002, la suma de las ganancias
de las 10 compañías farmacéuticas
más importantes superó las ganancias
combinadas de las otras 490
empresas que aparecen en la lista de las
500 industrias más provechosas de la
revista Fortune (las 10 farmacéuticas
más importantes, juntas, tuvieron un
beneficio total de 35,9 billones de dólares
y las restantes 490 empresas, juntas,
tuvieron un beneficio total de 33,7
billones de dólares)26. La Dra. Marcia
Agnell, editora jefe durante casi 20
años de la revista médica de mayor impacto,
el New England Journal of
Medicine, afirma lacónicamente: “Una
industria con tal volumen de ganancias
es como un gorila de 500 kg: hace lo
que quiere”27. Y Philippe Pignarre, directivo
durante diecisiete años de una
gran compañía farmacéutica y actualmente
profesor de la Universidad de
París-VIII, insiste en que el mercado
no es ni ha sido nunca una realidad
“natural” sino “cultural” o “social”, o
sea, fruto de reglamentaciones y normas
que no regulan una “realidad natural”
previa al establecimiento de las
normas sino que “hacen posible”, “dan
a luz” o “modifican” una realidad intrínsecamente
cultural. El mercado
siempre tiene normas que lo regulan. El
“mercado libre” (libre mercado) no
existe; existe, eso sí, el “mercado salvaje”,
es decir, el mercado regulado según
los intereses del rey de la selva o del gorila
de 500 kg, y el “mercado menos salvaje”,
en el que las normas intentan temperar
la avidez de los más fuertes28.









3.2. ¿CÓMO UTILIZAN LAS FARMACÉUTICAS
 SU PODER ECONÓMICO?




Las grandes compañías farmacéuticas
utilizan hoy su riqueza y poder para
defender sus propios intereses a costa
del bienestar, la salud y la vida de otras
personas.
De acuerdo con el informe elaborado
el año pasado (2005) por la comisión
de expertos del Parlamento inglés, los
intereses de la industria farmacéutica y
los del conjunto de la población no coinciden:
esta comisión constató que es
“esencial poner en marcha un régimen
regulador eficaz que consiga que la industria
farmacéutica no perjudique el
bien común”29 y determina que “el objetivo
de los nuevos medicamentos debería
ser conseguir que los pacientes obtengan
un beneficio terapéutico real”30.
¿Qué significa este lenguaje? ¿El
Parlamento tiene que regular que las
compañías farmacéuticas se dediquen a
crear medicamentos que sean útiles para
los pacientes? Si no producen medicamentos
útiles, ¿a qué se dedican hoy
por hoy estas compañías? ¿Cómo obtienen
los mil millonarios beneficios que
hacen que el mismo informe que estamos
citando afirme que la industria farmacéutica
debe ser considerada “una joya
en la corona inglesa” porque es la
tercera industria más rentable del país,
tras el turismo y la banca?31 ¿Cómo
consigue sus beneficios esta industria si
su principal actividad no es realizar medicamentos
útiles?
Las principales estrategias utilizadas
hoy por la industria farmacéutica para
obtener sus ganancias mil millonarias
son las siguientes:
1) comercializar y efectuar una extraordinaria
presión propagandística de
los medicamentos que fabrica, aunque
no sean útiles y puedan ser nocivos e incluso
mortales;
2) explotar al máximo los medicamentos
(incluidos los esenciales) en forma
de monopolio y en condiciones abusivas
que no tienen en cuenta las
necesidades objetivas de los enfermos ni
su capacidad adquisitiva;
3) reducir a la mínima expresión o
eliminar totalmente, en algunos casos, la
investigación de las enfermedades que
afectan principalmente a los pobres, porque
no resultan rentables, y concentrarse
en los problemas de las poblaciones
con un alto poder adquisitivo, aun cuando
no se trate de enfermedades (como la
proliferación de “medicamentos” antienvejecimiento);
y 4) forzar las legislaciones nacionales
e internacionales a que favorezcan
sus intereses, aunque sea a costa de la vida
de millones de personas.
3.2.1. Medicamentos inútiles,
nocivos e incluso mortales
Datos de la agencia reguladora de los
medicamentos de EEUU (FDA)32
muestran que entre 1998 y 2002 se registraron
8 suicidios en EEUU entre enfermos
de epilepsia que tomaban gabapentina
de la casa Pfizer (su nombre
comercial es Neurontin). En el primer
semestre de 2003, el número de suicidios
registrado fue de 17. Después de
que un bufete de abogados estadounidense
hiciera públicos dichos datos y se
abriera un registro propio de los citados
incidentes, en los 12 meses que van de
septiembre de 2003 a agosto de 2004 se
documentaron 2.700 intentos de suicidio
entre los enfermos que tomaban gabapentina,
de los que 200 terminaron con
la muerte del enfermo. 2.500 intentos fallidos
y 200 muertes en 12 meses. En noviembre
de 2004 la revista British
Medical Journal (BMJ) informaba del
hecho que, una vez se les habían remitido
los datos, ni la compañía Pfizer ni la
agencia reguladora FDA habían tomado
todavía medida alguna, ni siquiera la de
indicar en el prospecto el incremento del
riesgo de suicido33. En el momento de
escribir estas líneas he consultado la página
web de la compañía Pfizer. En los
advertimientos, Pfizer deja constancia
de la posibilidad que el Neurontin incremente
el riesgo de suicido, pero para encontrar
esta información tienen que leerse
26 páginas de explicaciones
farmacológicas y de posibles efectos secundarios34.
En cuanto al antidepresivo sertralina
(Zoloft), también de la casa Pfizer, el
mismo BMJ informaba que la compañía
había ocultado información sobre
los posibles efectos secundarios de intento
de suicidio y agresividad35. Tras el
caso de Christopher Pittman (un niño de
12 años que empezó a mostrar un comportamiento
altamente agresivo a las
pocas semanas de iniciar un tratamiento
con sertralina y que, dos días después
de que le doblaran la dosis, asesinó a sus
abuelos e incendió su casa) y una acumulación
de evidencias en dicho sentido,
la agencia europea de regulación de
los medicamentos finalmente ha desaconsejado
su uso en menores36.
Los medicamentos inútiles se conocen
en el argot farmacéutico con el nom-
bre de “medicamentos yo también”
(me-too drugs). Estos medicamentos se
diseñan y comercializan con el objetivo
de sustituir a un medicamento anterior
cuya patente está a punto de expirar. Por
lo que refiere a sus propiedades terapéuticas,
son esencialmente las mismas
que las del medicamento anterior pero,
dado que se aprueban como si fueran
medicamentos nuevos, la compañía farmacéutica
que los fabrica tiene derecho
a explotarlos en régimen de monopolio
protegido por el derecho de patente durante
unos cuantos años. El éxito de los
medicamentos inútiles se explica únicamente
por el poder del marketing sobre
los médicos y los pacientes (véase el
apartado 4.2).
Un ejemplo de estos medicamentos
sería la cerivastatina de la casa Bayer
(sus nombres comerciales son Baycol,
Lipobay, Cholstat y Staltor), un medicamento
anticolesterol que en el año
2001 tuvo que ser retirado del mercado
cuando se comprobó que había sido el
causante de 1.100 casos de rabdomiolisis
severa (destrucción muscular que
puede ser irreversible) y de un centenar
de muertes37.
Otro ejemplo aún más reciente es el
de los antiinflamatorios Vioxx (de la casa
Merck) y Bextra y Celebrex (de
Pfizer). Estos medicamentos no demostraron
ningún beneficio objetivo en los
ensayos clínicos previos a su comercialización
que los comparaba con otros
antiinflamatorios ya existentes38, pero
en 1998 y 1999 recibieron el visto bueno
de las agencias reguladores porque
se esperaba que tuvieran menores efectos
secundarios. En septiembre de 2004,
Vioxx se retiró del mercado después de
que se constatara que sus efectos secundarios
no sólo no eran menores sino
que incluso eran mortales (ataques al
corazón y embolias). La agencia reguladora
de los medicamentos en EEUU
consideró que Vioxx podía haber sido
responsable de 27.785 muertes por ataque
al corazón entre 1999 y 200339. En
abril de 2005, Bextra y Celebrex (de
Pfizer) se retiraron también del mercado
tras unos cuantos meses de estira y
afloja con las autoridades sanitarias que
pusieron de manifiesto la gran influencia
política de estas compañías40.
Cuando se desarrolla un nuevo medicamento,
siempre existe un riesgo de
efectos secundarios no deseados que no
han podido detectarse en la fase de estudio.
Hay que contar con ello. Pero, entonces,
si todo nuevo medicamento tiene
un riesgo potencial de causar efectos
secundarios serios o incluso la muerte,
¿por qué se desarrollan medicamentos
nuevos que no aportan ninguna mejora
terapéutica respecto a otros ya existentes?
¿Por qué los producen los laboratorios?
¿Por qué las agencias reguladoras
los aprueban? ¿Por qué los médicos
los recetan?
Dentro de este apartado de comercialización
injustificada, deben mencionarse
por último los medicamentos des-
tinados a curar enfermedades –como la
disfunción sexual femenina– que la industria
farmacéutica ha creado según
sus intereses.
Algunos ejemplos de condiciones
de la vida humana etiquetados como
“enfermedad” para poder comercializar
medicamentos que las sanen serían
la menopausia (para poder vender tratamientos
hormonales sustitutivos que
hoy en día han demostrado un inaceptable
nivel de efectos secundarios); la
tristeza más o menos fisiológica, adaptativa
o incluso creativa, que se etiqueta
de depresión, para poder vender antidepresivos
(que ya hemos visto que
pueden causar homicidios y suicidios)
41; y las dificultades de memoria
propias de la gente mayor que se etiquetan
como “déficit cognitivo incipiente”
para poder vender medicamentos
antidemencia (al saber que sufren
demencia los ancianos se deprimen y
entonces, además del medicamento antidemencia,
puede vendérseles un antidepresivo).
En inglés tienen una expresión
popular para denunciar esta
penetración abusiva del modelo médico
en ámbitos de la vida que no le son
propios; dicen: “a pill for every ill42.
El informe 2005 de la comisión de
expertos del Parlamento inglés constata
que en 2003 se vendieron en
Inglaterra 650 millones de medicamentos
de receta (o sea, sin tener en
cuenta todos los medicamentos que
pueden adquirirse directamente en la
farmacia sin que los recete un médico).
Este número refleja un incremento
del 40% respecto a los medicamentos
vendidos 10 años antes y significa
que cada ciudadano inglés toma una
media de 13,1 medicamentos de receta
al año43.
Este mismo informe especifica que
“está claro que no puede acusarse en
solitario a la industria farmacéutica del
problema de la medicalización de la
sociedad, pero dicha industria ha exacerbado
el problema estimulando una
confianza enfermiza en el uso de los
medicamentos; la tendencia actual es
catalogar cada vez más y más individuos
como 'anormales' y necesitados
de tratamiento farmacológico”44.
Según la red de centros regionales de
farmacovigilancia de Francia, todos los
años, 1.300.000 franceses son hospitalizados
en el sector público por efectos indeseables
de un medicamento. Este número
es el 10% del total de las
hospitalizaciones. De estas personas,
una tercera parte se encuentran en estado
grave y 18.000 mueren cada año (el
doble del número de muertes por accidentes
de carretera)


3.2.2. Explotación de medicamentos
esenciales en condiciones
abusivas
Al discutir la comercialización de los
antirretrovirales en África, hemos visto
el brutal impacto que la nueva legislación
sobre patentes, en vigor en 2005,
tiene sobre el acceso a los medicamentos
esenciales en los países pobres.
Pignarre caracteriza así la respuesta de
las grandes compañías farmacéuticas a
las denuncias que les llegan de las organizaciones
humanitarias:
“La industria farmacéutica explica
que todo ataque al derecho de patentes
en el Tercer Mundo, y en particular en
África, con relación a los medicamentos
contra el SIDA, significará el final
de unas investigaciones que ya nadie
querrá financiar. (...) No obstante, si se
sigue dicho razonamiento, el progreso
no podría continuar sin el precio de millones
de vidas humanas que habitan en
el Tercer Mundo, y ello teniendo en
cuenta que este progreso del que se habla
es sólo una promesa… Incluso si
fuera una promesa plausible, se trataría
de optar por prolongar la duración y la
calidad de vida de las poblaciones privilegiadas
del Norte a costa de acortar
de forma inmediata, en decenas de años,
la esperanza de vida en el Sur. ¡Lo que
equivale a condenar al 90% de quienes
tienen necesidad de medicamentos para
seguir viviendo, para que los precios sigan
siendo elevados para el 10% de los
privilegiados! Esta dialéctica obscena
en la que, de modo unánime, quiere encerrarnos
la industria farmacéutica de
los países ricos, es el inicio de un reinado
de terror”46.
En plena polémica sobre la obligatoriedad
impuesta a los países pobres de
respetar las abusivas patentes de los antirretrovirales
a costa de la vida de sus
ciudadanos, la Oficina Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI) –que forma
parte de la ONU– elaboró un documento
de propaganda a favor de las compañías
farmacéuticas en el que tachaban
de “mitos” y se refutaban con argumentos
falsos las seis acusaciones principales
contra el sistema de patentes.
Reproducimos en versión resumida la
formulación que hizo la OMPI de tales
“mitos” y algunos de los comentarios
que hace sobre ello Ph. Pignarre:


1. Las dificultades de acceso a la atención sanitaria y de disponibilidad de medicamentos
esenciales son consecuencia del sistema de patentes.
Si ello es un mito, ¿por qué los países que no respetaron el sistema de patentes
(como India) han podido actuar mucho mejor contra el SIDA que los países que,
por las buenas o por las malas, tuvieron que aceptarlos?
2. El coste elevado de los medicamentos es principalmente una consecuencia
del sistema de patentes que permite que los industriales fijen precios artificialmente
elevados.
Si ello es un mito, ¿por qué el fluconazol, un medicamento utilizado en enfermos
de SIDA, tiene un precio de mercado que varía entre 14 y 25 euros en los
países donde Pfizer ha mantenido su monopolio y de sólo 0,75 euros en los países
donde existen genéricos? ¿Por qué la compañía india de genéricos Cipla propone
a MSF un coste anual de la triterapia antisida de 350 euros por paciente
contra los 10.400 euros exigidos por los laboratorios occidentales?
3. El sistema de patentes favorece los intereses de los industriales a expensas del
bien común.
A la práctica existe contradicción entre los intereses de los industriales y el bien
común. El mercado en general – muy particularmente el mercado de los medicamentos–
no es libre; está sometido a regulación en todos los países. Actualmente,
esta regulación favorece a los industriales. Como recomienda el comité de expertos
del Parlamento inglés, deberían modificarse las normas en favor de la salud
pública.
4. El sistema de patentes imposibilita una auténtica competencia.
Eso nadie lo dice. Sí permite la competencia, pero conforme a unas reglas que
no favorecen el bien común.
5. El sistema de patentes es singularmente injusto con los países subdesarrollados,
que deben dar respuesta a situaciones sociales y económicas muy complejas
y deberían estar exentos de las obligaciones ligadas a la propiedad intelectual
internacional, especialmente en el caso de ciertos medicamentos.
Ello no sólo no es un mito sino que se trata de una urgencia sanitaria de primera
magnitud. Debe instaurarse un forum internacional en el que EEUU no posea derecho
de veto.
6. Los tratados internacionales sobre la protección mediante patentes impiden
el ejercicio del derecho humano fundamental a disponer de los medicamentos
que pueden salvar la vida.
Como hemos visto, hay casos en que esto es cierto. Es preciso un nuevo sistema
de patentes.


El abuso del actual sistema de
explotación de patentes no afecta sólo a
los países del Tercer Mundo. En los países
ricos, cada vez hay más gente que
tiene dificultades para pagar el precio de
los tratamientos prescritos. Estas personas
tienen que hacer equilibrios entre las
facturas de alimentación o de calefacción
y las de los medicamentos. Para reducir
gastos, hay quien toma sus medicamentos
día sí día no, y quien los
comparte con otros miembros de la familia.
En EEUU no es raro que el precio
de tomar un medicamento durante un
año sea de 1.500 dólares. Las personas
de más de 65 años toman en este país (y
cada vez más también en el nuestro) una
media de 6 medicamentos. Ello representa
un gasto de 9.000 dólares al año48.
3.2.3. Investigación en función
del beneficio económico
potencial
En 2001, el grupo de Médicos sin
Fronteras (MSF) para el estudio de las
enfermedades olvidadas publicó un informe
titulado Desequilibrio fatal que
impactó a la opinión pública. MSF
montó una exposición itinerante para
dar a conocer mejor los resultados de su
investigación. El informe concluyó que
las enfermedades que afectan principalmente
a los pobres no tienen demasiadas
opciones terapéuticas disponibles y
casi no se investigan, a pesar de que
afecten de forma grave o mortal a millones
de personas y sean potencialmente
curables. Las enfermedades que
afectan principalmente a los pobres se
investigan poco y las enfermedades que
afectan sólo a los pobres no se investigan
nada. Algunas de estas últimas no
tienen opción terapéutica alguna, como
la fase crónica de la enfermedad de
Chagas, una infección que afecta a millones
de personas en Latinoamérica.
El título del informe, Desequilibrio
fatal, se refiere al hecho de que sólo el
10% de la investigación sanitaria mundial
(la de las compañías farmacéuticas
más la de todos los gobiernos y universidades
del mundo) está dedicada a
enfermedades que afectan al 90% de
los enfermos del mundo. Es conocido
el escandaloso desequilibro de riqueza
de nuestro mundo, donde el 20% de la
población mundial disfruta y malgasta
el 80% de la riqueza del planeta, y el
80% de la población malvive y muere
con el 20% restante de los recursos.
Podría pensarse que en el ámbito de las
enfermedades el desequilibrio podría
corregirse en parte porque es un tema
que despierta la compasión y las ganas
de ayudar, y donde hay muchas organizaciones
internacionales implicadas…
Pues bien, el desequilibro entre
pobres y ricos propio de nuestro mundo
no sólo no se reduce en cuanto a la
disponibilidad de medicamentos, sino
que resulta mucho peor. El 90% de los
recursos sanitarios son dedicados a investigar
las enfermedades que afectan
al 10% de los enfermos (los del Primer
Mundo), y sólo un 10% de los recursos
se dedican a investigar las enfermedades
que afectan al 90% de los enfermos.
Este dato se conoce como “desequilibrio
10/9049.
Las enfermedades tropicales son enfermedades
olvidadas. Del total de 1.393
medicamentos comercializados entre
1975 y 1999, sólo 13 (1%) estaban
destinados al tratamiento de una enfermedad
tropical. Las enfermedades olvidadas
incluyen: la malaria, la tuberculosis,
la enfermedad del suelo
(tripanosomiasis africana), la enfermedad
de Chagas (tripanosomiasis sudamericana),
la úlcera de Buruli, el dengue, la
leishmaniasis, la lepra, la filariasis y la
esquistosomiasis. Excepto las dos prime-
ras, todas estas enfermedades afectan casi
exclusivamente a los pobres.
Hasta hace muy poco, los pacientes
que sufrían la enfermedad del sueño sólo
tenían una opción terapéutica, muy
dolorosa y altamente tóxica, porque el
medicamento contenía arsénico. Para
los que sufren de forma crónica la enfermedad
de Chagas, no existe aún tratamiento
(la enfermedad sólo se da en
Latinoamérica y recibe el nombre del
médico brasileño que la describió por
primera vez en 1909). El agente causal
es un parásito trasmitido por insectos
que pican a las personas y les inoculan
la infección. La fase aguda tiene una
mortalidad muy alta, sobre todo en niños,
y la fase crónica tiene un 32% de
mortalidad por las lesiones cardiacas y
digestivas ocasionadas por la multiplicación
del parásito. Se estima que unos
20 millones de personas sufren dicha enfermedad.
Los autores del informe de MSF, en
colaboración con la Escuela de Salud
Pública de Harvard, enviaron un cuestionario
a las 20 compañías farmacéuticas
más importantes del mundo solicitándoles
información sobre sus
programas de investigación. Sólo 11
empresas respondieron; entre ellas, 6 de
las 10 más importantes. Como hemos
visto, estas compañías son gigantes empresariales
con miles de millones de beneficios
anuales. De estas 11 empresas,
no había ninguna que investigara la enfermedad
del sueño y sólo 3 invirtieron
algo en una de las otras dos enfermedades
más olvidadas del mundo: la enfermedad
de Chagas y la leishmaniasis.
Se puede objetar que las empresas
privadas tienen derecho a invertir su dinero
allá donde les plazca, pero resulta
que el dinero que financia las investigaciones
no es sólo privado, sino que en 6
de las 11 compañías procedían de convenios
con la sanidad pública. Es decir,
que el público en general pagamos dos
veces por el mismo producto y, además,
no tenemos control democrático sobre
las prioridades con que se gasta dicho dinero.
Pagamos primero para financiar
las investigaciones y después para adquirir
el producto. ¡Así no es de extrañar
el nivel de beneficios! De los 17 ensayos
clínicos que validaron los 5 medicamentos
más vendidos durante el
año1995 (Zantac, Zovirax, Capoten, Vasotec
y Prozac), sólo 1 había sido financiado
por la industria farmacéutica. Del
conjunto de estudios que fueron relevantes
para llegar a desarrollar estos cinco
medicamentos, sólo un 15% fueron
financiados por la industria farmacéutica;
el 55% del trabajo de investigación
provino de NIH (institución pública que
depende del gobierno de EEUU y es financiada
a través de los impuestos) y el
30% restante, de instituciones académicas
de fuera de EEUU, financiadas en su
mayoría también con dinero público50.
Un estudio de The Boston Globe sobre
los 50 medicamentos más vendidos del
1992 al 1997 demostró que 45 habían recibido
financiación pública51. Los investigadores
de MSF dejan claro que no
son sólo los laboratorios los responsables
del desequilibrio fatal, sino todas las
instituciones públicas y privadas que colaboran
para que la producción de medi-
camentos se oriente de forma exclusiva
a la ganancia económica y se menosprecie
el sufrimiento de los enfermos52.
Si, como hemos visto, las enfermedades
más estudiadas no son las enfermedades
más graves que afectan a la humanidad,
¿cuáles son, pues? Según el mismo informe
de MSF, en 2001 la mayor parte
de los esfuerzos financieros e intelectuales
de la investigación sanitaria de todo
el mundo fueron destinados a investigar
la impotencia, la obesidad y el
insomnio53.
Además de no ser tenidos en cuenta
cuando de trata de decidir las prioridades
de la investigación de nuevos medicamentos,
los enfermos de los países pobres
–especialmente los africanos– son
utilizados como cobayas para obtener
informaciones sanitarias varias que después
rentabilizarán sin que ningún porcentaje
de los beneficios obtenidos retorne
a aquéllos que quizás han pagado
con su vida. En Kenya, por ejemplo, y
bajo la responsabilidad de la
Universidad de Washington, se realizaron,
a finales de la década de los noventa,
estudios clínicos para observar la
evolución natural de la enfermedad del
SIDA. Lo que significa que, con la excusa
de que hubieran muerto igualmente,
se sometió a centenas de africanos a
pruebas complementarias para analizar
cómo iban deteriorándose hasta la muerte
a medida que avanzaba la infección
sin ofrecerles en ningún momento el tratamiento
que podría haberla detenido54.
En 2000, David Rothman, en el estudio
La vergüenza de la investigación
médica, demostró que en 15 de los 16
ensayos clínicos que se llevaban a cabo
en países en vías de desarrollo para estudiar
un método más económico de
prevenir la trasmisión del virus del SIDAdurante
el embarazo, las mujeres de
los grupos de control recibieron un placebo
(una pastilla de azúcar) en vez del
tratamiento con AZT que está demostrado
que evita la trasmisión maternofetal
del virus. Según la convención de
Helsinki para los protocolos éticos de la
investigación médica, lo que debería haberse
hecho habría sido comparar la
nueva alternativa terapéutica con el tratamiento
más eficaz de todos los existentes.
Esto es lo que hizo la Escuela de
Salud Pública de Harvard en su estudio
en Tailandia. Fueron los únicos que lo
hicieron así. El resto de los estudios
–que reclutaron a un total de 17.000 mujeres–
permitieron que la mitad de dichas
mujeres se sometieran a las extracciones
de sangre y las pruebas
complementarias requeridas en los protocolos
de estudio y tomaran diariamente
una pastilla que era de azúcar y
no servía para nada mientras su salud
iba empeorando por falta de tratamiento
y el virus iba infectando a los hijos
que llevaban en su vientre
3.2.4. Manipulación de la legislación
del propio país y de los acuerdos
internacionales
Que la industria farmacéutica dispone
en EEUU (sede de las compañías que
dominan el mercado global) de un número
de lobbysters profesionales superior
al número de congresistas, significa
a la práctica que cada parlamentario
tiene asignado uno o más de estos profesionales
que estudian su perfil psicológico,
su historia personal y laboral y
detectan los puntos débiles por los que
pueden presionarle para que vote –o
proponga– en el Parlamento leyes favorables
a los intereses de la industria farmacéutica
(que, como hemos visto, son
contrarios al bien común) y para que vote
en contra o desestime las propuestas
contrarias a dichos intereses. En el año
2002, 26 de estos 675 lobbysters eran ex
parlamentarios, y 342 de estos 675 eran
ex trabajadores del Parlamento, y 20 habían
detentado cargos directivos56.
Ala par que buscan influir en los más
altos niveles del gobierno supuestamente
democrático de EEUU, las compañías
farmacéuticas han empezado otra estrategia:
promover organizaciones que
se presenten a sí mismas como iniciativas
espontáneas promovidas y gestionadas
por ciudadanos preocupados por un
tema que les afecta, cuando en realidad
dichos ciudadanos son trabajadores de
las compañías farmacéuticas pagados
para promover los intereses de estas
compañías “desde abajo” y sin que se
note57. Estas asociaciones son especialmente
útiles cuando se empieza a hablar
de la posible retirada del mercado de un
medicamento nuevo debido a sus efectos
secundarios. Cuando pasa algo así,
estas asociaciones “espontáneas” se
quejan y se ocupan de bombardear a los
medios de comunicación con un alud de
testimonios de pacientes que declaran
haber experimentado una gran mejoría
con el nuevo medicamento que ahora
quiere retirarse y que no habían experimentado
nunca antes con ningún otro
medicamento (y que, a cambio de su testimonio,
reciben dinero u otras compensaciones
de parte de las compañías farmacéuticas
que comercializan el
medicamento que ellos declaran que les
resulta vital).
Consecuencia directa y nefasta de
esta indebida influencia y de esta
antidemocrática manipulación es que ni
la agencia reguladora de los medicamentos
de EEUU (la FDA) ni ninguna
otra agencia reguladora del mundo exigen
lo que parece lógico y natural en un
mercado tan sensible como el de los medicamentos:
teniendo en cuenta que los
efectos secundarios de un medicamento
nuevo pueden ser mortales, parece obvio
que la agencia reguladora exija que,
para dar el visto bueno necesario para
comercializar un medicamento nuevo,
tenga que demostrarse que este medicamento
es mejor que los tratamientos disponibles
hasta el momento. Esto no funciona
así. Para poder comercializar un
medicamento nuevo basta con demostrar
que es mejor tomarlo que no seguir
tratamiento alguno. Así, los estudios
clínicos no se llevan a cabo comparando
la eficacia del nuevo medicamento
con alguno de los antiguos, sino com-
parándola con la del “placebo” (una
pastilla de azúcar).
Que para patentar un medicamento
nuevo no se requiera demostrar que este
medicamento representa una mejora
sobre los ya existentes explica la proliferación
de los medicamentos de “yo
también”. Medicamentos que, además
de ser inútiles, pueden provocar la
muerte o enfermedades graves e irreversibles.
Para una compañía farmacéutica
es mucho más rentable imitar un
medicamento ya existente y comercializarlo
con una patente nueva cuando se
le acabe el derecho a explotar en régimen
de monopolio la patente del primero
que investigar nuevas moléculas
desde el principio. Del año 2000 al año
2004 se aprobaron en EEUU 314 medicamentos
nuevos de los que sólo 32
pueden considerarse realmente “nuevos”
58.
Como veremos, esta posibilidad de
rentabilizar la industria produciendo
medicamentos que son simples imitaciones
de otros ya existentes y que no
significan innovación alguna tiene mucho
que ver con la crisis en que se encuentra
esta industria actualmente (ver
el apartado 4.1).
Que las agencias reguladoras exijan
que los nuevos medicamentos demuestren
ser una mejora para poder patentarse
parece una demanda básica, pero
quizás más básico sería todavía que los
medicamentos fueran evaluados por organismos
independientes y no por los
mismos que tienen que explotarlos económicamente.
En estos momentos, ningún
país en el mundo cuenta con un organismo
independiente para evaluar la
eficacia y la seguridad de los medicamentos.
Las agencias reguladoras existentes
evalúan los datos que les ofrecen
las compañías farmacéuticas, pero no
llevan a cabo ningún estudio propio. Las
compañías farmacéuticas fabrican los
medicamentos, los evalúan y los comercializan.
La única tarea que queda
fuera de sus competencias directas es la
necesaria aprobación previa a su comercialización.
Ésta es competencia de
las agencias reguladoras que son las
mismas que, una vez un medicamento
ha sido aprobado, velan también para
detectar la aparición de efectos secundarios
no previstos y son responsables
de ordenar la retirada de un medicamento
del mercado si sus efectos secundarios
se demuestran peligrosos.
¿Han intentado las compañías farmacéuticas
utilizar su inmenso poder para
controlar también las agencias reguladoras?
La respuesta es sí. ¿Lo han conseguido?
En EEUU, en buena parte, sí.
Veámoslo.
En el año 1992, el Congreso de los
EEUU aprobó una ley que permitía a las
compañías farmacéuticas acelerar la
tramitación de las nuevas patentes a
cambio de una compensación económica59.
La forma como funciona es que
cualquier compañía farmacéutica que
desee patentar un nuevo medicamento
puede pagar –si quiere– una suma considerable
a la agencia reguladora FDA
para que ésta pueda contratar más trabajadores
y así pueda decidirse con mayor
diligencia si un determinado medicamento
debe o no aprobarse.
Oficialmente, no se trata de comprar el
“visto bueno” gubernamental, sino simplemente
de contribuir económicamente
al mejor funcionamiento de la agencia
reguladora. A la práctica, sin
embargo, lo que nos encontramos es que
los lugares de trabajo de los funcionarios
que tiene que aportar la información
necesaria para que se decida si un medicamento
se aprueba o no dependen en
último término de la compañía farmacéutica
que tiene interés en patentar dicho
medicamento60. En estas condiciones,
no es de extrañar que desde que se
aprobó la citada ley haya habido un incremento
no del número de patentes
concedidas (cosa lógica si se tiene en
cuenta que se ha aumentado el número
de trabajadores) sino de su porcentaje
(antes se evaluaban, por ejemplo, 10
medicamentos nuevos cada año y se
concedía el visto bueno a 5; ahora se
evalúan, por ejemplo, 100 y se concede
el visto bueno no a 50, como cabría esperar,
sino a 80). Esta situación irregular
y comprometedora de la neutralidad
de los investigadores de la FDA no habría
sido posible sin que la industria farmacéutica
controlara al mismo tiempo
el nombramiento del máximo cargo directivo
de la FDA (cosa que ha hecho,
por ejemplo, al bloquear en el año 2002
la candidatura del respetado catedrático
de farmacología Dr. Alastair Wood en
favor del poco reconocido Dr. Mark
McClellan que, a parte de ser hermano
del secretario de prensa de la Casa
Blanca, tenía el mérito de estar totalmente
a favor de la política del lobby de
las compañías farmacéuticas PhRMA y
de sus prácticas fraudulentas. El Dr.
McClellan ha sido la máxima autoridad
de la FDA del año 2002 al año 2004)61.
Pero eso no es todo. En 1997, el
Congreso legisló que una compañía informática
llamada “Drugdex” estaría
desde aquel momento (además de las
dos compañías sin ánimo de lucro que
habían realizado hasta entonces ese trabajo)
autorizada a elaborar y distribuir a
cambio de una suscripción anual de
3.823 dólares un listado propio de los
usos de los medicamentos destinado a
ampliar de forma oficial los usos reconocidos
por la agencia reguladora FDA
en el momento de garantizar la patente.
Podemos preguntarnos: ¿es posible
utilizar un medicamento para un uso no
reconocido por la agencia reguladora de
los medicamentos? La respuesta es sí,
porque los médicos estamos en principio
autorizados a utilizar los medicamentos
de la forma y en la dosis que nos
parezcan oportunas, siempre bajo nuestra
responsabilidad y siendo concientes
que podemos ser denunciados si realizamos
un uso indebido de los mismos.
Pero un uso indebido no equivale a un
uso no sancionado por la agencia reguladora.
Los médicos tenemos que contar
con un margen de maniobra reconocido
y respetado y es correcto que así
sea. Sin embargo, una cosa es permitir
que cada médico utilice su criterio clínico
como le parezca oportuno bajo su
responsabilidad directa y otra muy distinta
es crear, con el amparo parlamentario,
un segundo listado oficial de usos
de los medicamentos paralelo al de la
agencia reguladora de los medicamentos
y mucho más amplio.
El beneficio directo para la industria
farmacéutica está claro: cuantas más indicaciones
tengan los medicamentos,
mayor mercado potencial. La empresa
Drugdex no pertenece a ninguna compañía
farmacéutica, pero forma parte
del grupo empresarial Thomson Corporation,
dedicado a organizar e impartir
cursos de formación permanente para
médicos. El vínculo con las compañías
farmacéuticas se establece de la siguiente
forma:
1) una compañía farmacéutica tiene
interés en ampliar las indicaciones de
unos de medicamentos;
2) entra en contacto con Drugdex
para solicitarle que incluya la nueva indicación
en su lista;
3) Drugdex la incluye sin evaluar
con suficiente rigor los datos aportados
por la compañía farmacéutica;
4) a cambio, la compañía farmacéutica
financia un curso de formación permanente
impartido por los profesionales
del grupo empresarial Thomson, al
que pertenece Drugdex;
5) para terminar de pulirlo, el tema
del curso es, naturalmente, las nuevas
indicaciones del medicamento en cuestión.
Amedida que el curso se imparte en
más y más centros médicos, el grupo
Thomson sale ganando porque imparte
el curso y cobra por ello, y la compañía
farmacéutica sale ganado porque los
médicos aleccionados por los profesionales
de Thomson empiezan a recetar el
medicamento en cuestión para las nuevas
indicaciones y amplían así obedientemente
el mercado y los beneficios.
Los médicos que recetan medicamentos
para indicaciones listadas en Drugdex
están cubiertos legalmente si surgen
complicaciones. Además, el programa
público Medicare que ayuda a las personas
mayores de EEUU a pagar el precio
de las recetas de medicamentos está
obligado por ley a remunerar al menos
parcialmente las recetas si las indicaciones
están listadas en Drugdex62.
A través del programa Medicare se
produce una transferencia directa de dinero
público a los fondos de las compañías
farmacéuticas; el resto de sus beneficios
proceden de los bolsillos de los
pacientes estadounidenses, especialmente
de los más mayores, que son los
que toman más medicamentos.
El medicamento Neurontin (gabapentina),
del que he hablado en el apartado
3.2.1, además de servir para la epilepsia,
la indicación médica para la que
se le reconoció la patente, puede ser
“oficialmente” utilizado para 48 indicaciones
más según la lista de Drugdex.
Estas indicaciones adicionales incluyen
causas tan comunes como el hipo, el tratamiento
para dejar de fumar o la migraña.
Debe recordarse aquí lo dicho en
el apartado 3.2.1 del Neurontin: en primer
lugar, es un medicamento de los de
“yo también”, es decir, que no debería
haber sido aprobado, en primer lugar
porque no aporta ningún beneficio real,
y en segundo lugar porque “en los 12
meses que van de septiembre de 2003 a
agosto de 2004 se documentaron 2.700
intentos de suicidio entre los enfermos
que tomaban Neurontin, de los que 200
terminaron con la muerte del enfermo”
y porque “en los advertimientos, Pfizer
deja constancia de la posibilidad que el
Neurontin incremente el riesgo de suicido,
pero para encontrar esta información
tienen que leerse 26 páginas de explicaciones
farmacológicas y de posibles
efectos secundarios”63. ¿Cómo puede
ser que se apruebe oficialmente un medicamento
con dicho perfil de efectos secundarios
para tratar 48 condiciones
médicas distintas?
En este contexto, no es de extrañar
que la comisión de expertos del
Parlamento inglés haya recomendado
que su sistema de salud pública adquiera
la capacidad de llevar a cabo sus propios
estudios y que sea dotado de las
competencias necesarias para poder exigir
a las compañías farmacéuticas que
deseen patentar nuevos medicamentos
que realicen ensayos clínicos comparativos
con los medicamentos ya existentes
que demuestren que los nuevos son
más eficaces64.
En cuanto a la política internacional,
las presiones de las grandes compañías
farmacéuticas se median de dos formas:
1) a través de la presión del gobierno
de EEUU sobre otros países, a los
que amenaza con sanciones económicas
y a los que impone pactos bilaterales
desventajosos para ellos y beneficiosos
para la industria farmacéutica estadounidense;
2) a través de la OMC65, uno de cuyos
primeros acuerdos fue el ADPIC
(TRIPS)66, que, además de imponer un
sistema de patentes abusivo a todos los
países –incluidos los países en vías de
desarrollo– alargó el tiempo de explotación
de las patentes farmacéuticas de 17
a 20 años.
En el momento de la creación de la
OMC y la imposición del ADPIC (año
1995), la mayoría de los países del mundo
ni tan siquiera reconocían que pudieran
patentar los medicamentos, puesto
que no los consideraban productos
comerciales sino artículos “de primera
necesidad” a los que debía reconocerse
derecho de acceso a todos los enfermos,
independientemente de su capacidad
económica.
Las imposiciones de la OMC se
aprobaron en 1995, pero a los países pobres
se les dio tiempo hasta el 2005 para
prepararse. El gobierno de Sudáfrica,
cuando se percató de que la aplicación
de la nueva ley significaría la imposibilidad
de tratar a su población por falta
de dinero y que ello ocasionaría una extensión
de la epidemia del SIDA, anunció
a finales de los años noventa que pasaría
a producir medicamentos
antirretrovirales genéricos en laboratorios
propios. La industria farmacéutica
presionó al gobierno de EEUU y la ad-
ministración Clinton amenazó a
Sudáfrica con sanciones comerciales insostenibles
si se atrevía a producir sus
propios medicamentos.
¿Dónde está, en todo esto, el “libre
mercado”? No existe el libre mercado.
Existe el “mercado salvaje”, que es el
mercado regulado por las leyes que favorecen
los caprichos de los más fuertes
a costa de la vida de los más débiles.
El 17 de febrero de 2006, el periódico
inglés The Independent publicó una
noticia que permite ver hasta qué punto
es abusiva la actuación de las compañías
farmacéuticas con relación a los países
pobres y, en concreto, a África67. El
artículo denuncia el hecho que las compañías
farmacéuticas recorran desde hace
años el continente africano en busca
de recursos naturales aprovechables para
su industria y los exploten en su propio
beneficio haciendo caso omiso de la
convención de la ONU sobre la biodiversidad
y la soberanía de un país sobre
sus recursos naturales68. La compañía
farmacéutica SRPharma utilizó una micobacteria
descubierta en Uganda en los
años setenta para desarrollar un medicamento
para tratar las enfermedades
víricas crónicas, incluida la infección
por VIH/SIDA. El director general de
SRPharma reconoció que su compañía
no ofreció a Uganda ninguna compensación
económica a pesar de que esta
micobacteria –así como los recursos naturales
de cualquier país– está protegida
por la legislación internacional sobre
biodiversidad. SRPharma no respetó la
legislación internacional, no compensó
a Uganda por explotar un recurso natural
de dicho país en su propio beneficio
y tampoco permitió a Uganda utilizar el
medicamento fabricado con su micobacteria
para tratar a los enfermos ugandeses.
El director general de SRPharma
se queja en este artículo de que este medicamento
no generó los beneficios esperados
y se calla que atrajo 20 millones
de dólares para financiar su
desarrollo.
La casa Bayer, por su lado, se ha beneficiado
del descubrimiento de una cepa
bacteriana en el lago Ruiru de Kenya
a partir de la que ha fabricado un medicamento
para tratar la diabetes (Precose
o Glucobay). Este medicamento ha generado
más de 380 millones de dólares
en ventas. El grupo Bayer, que ha violado
las mismas convenciones internacionales
que cuando le resultan beneficiosas
no tiene reserva alguna en
imponer a otros, tampoco ha ofrecido
nada a cambio a Kenya. Bayer admitió
los hechos, pero se defendió indicando
que a pesar de que el origen del medicamento
es la cepa bacteriana de Kenya,
su desarrollo biotecnológico hace que el
producto final sea completamente distinto
y concluye que “lo que nosotros
hemos patentado no es la cepa bacteriana,
sino el producto final”. Los investigadores
responsables del estudio sobre
las violaciones del convenio de la biodiversidad
en África69 concluyen de
forma muy diferente: “Nos encontramos
ante una nueva forma de colonialismo”.
4. UNA CRISIS INTERNA
CAPACIDAD DE INNOVACIÓN TERAPÉUTICA SUBSTITUIDA POR MÁRQUETING
En el bienio 1994-96, los grandes laboratorios estaban dispuestos a
pagar 59 millones de dólares a un laboratorio menor para adquirir una
molécula que hubiera completado con éxito las fases de estudio preclínicas,
con la intención de llevar a cabo bajo su responsabilidad los
necesarios estudios clínicos y poder patentar a su nombre y comercializar
en beneficio propio los medicamentos obtenidos. En el bienio
2000-02, la cifra que estos mismos grandes laboratorios estaban dispuestos
a pagar había aumentado a 148 millones de dólares.



4.1. CRISIS ACTUAL DE LAS COMPAÑÍAS FARMACÉUTICAS

Este dato revela el motivo de la gran
crisis en que parece estar a punto de entrar
la industria farmacéutica: su capacidad
innovadora prácticamente ha desaparecido.
Y, sin capacidad innovadora,
la industria no tiene futuro. Esto lo reflejó
The Wall Street Journal en 2003 al
constatar que las acciones de las empresas
farmacéuticas habían estado perdiendo
valor durante más de un año71. El
estudio prospectivo realizado por la consultoría
de IBM concluyó que “El beneficio
por acción ofrecido por los 20 primeros
laboratorios mundiales a sus
accionistas, que en el periodo 1993-98
había sido del 28% de promedio, cayó al
4-5% en los siguientes cinco años”72.
Otro dato significativo es la creciente
frecuencia y el volumen de las fusiones
que han tenido lugar entre las diferentes
grandes compañías farmacéuticas los
últimos años. En el año 2002, Pfizer se
convirtió en el primer laboratorio mundial
tras fusionarse con Warner Lambert
y Pharmacia (que, a su vez, había comprado
Upjohn y Monsanto). Pfizer pasó
con tal fusión a poseer el 11% del mercado
global. 5 años antes, Merck era el
nº 1, pero sólo tenía el 5% del mercado
mundial73.
Esta extraordinaria concentración de
capital crea empresas-monstruo muy difíciles
de gestionar, desestructura los
equipos investigadores y los subordina a
cargos administrativos no científicos
que interfieren en sus líneas de investigación.
J. Drews, ex investigador de
Hoffmann LaRoche, afirma: “La industria
farmacéutica está sustituyendo su
antigua organización investigadora por
un montaje técnico que todavía es capaz
de realizar análisis, experiencias con
animales y síntesis químicas, pero que se
encuentra totalmente incapaz de desarrollar
nuevas ideas o conceptos. Las
divisiones de investigación de los grandes
laboratorios han dejado de ser autónomas
y ya no pueden autogestionarse.
Están dirigidas por juristas, financieros,
vendedores y gerentes comerciales incapaces
de imaginar el futuro si no es como
sucesión lineal de los desarrollos ya
existentes (...) La industria farmacéutica
ha creado unas condiciones que eliminan
la originalidad, la creatividad y la libertad
y favorecen el consenso, la imitación,
la sumisión y el espíritu
repetitivo”74.
En el año 1990, un investigador eficiente
podía llegara probar contra los
“blancos biológicos” conocidos la capacidad
reactiva de 2.000 moléculas
nuevas en un año. En el año 2000, un
robot como los que hoy están a disposición
de los grandes laboratorios podía
probar 6.000 moléculas en un solo día75.
Pero dicho incremento cuantitativo no
se ha traducido en un aumento de la innovación,
sino todo lo contrario. En cinco
años (de 1998 a 2002) se aprobaron
en EEUU 415 medicamentos nuevos.
De éstos, sólo 133 (32%) estaban basados
en moléculas nuevas, y de estos
133, sólo 58 eran moléculas nuevas con
efectos diferentes de los efectos de medicamentos
ya conocidos. La distribución
de estos 58 medicamentos auténticamente
nuevos fue: en 1998 se
descubrieron 16; en 1999 se descubrieron
19; en 2000, sólo 9, y en 2001 y
2002, sólo 7 cada año. Ésta es la productividad
real de la industria más rentable
económicamente en los EEUU:
una productividad irrisoria si se tiene en
cuenta el dinero invertido (unos 30 mil
millones de dólares) y el volumen de las
aproximadamente 35 empresas implicadas
(en el año 2003 Pfizer contaba ella
sola con más de 60 fábricas distribuidas
en 32 países)76.
Las consecuencias de esta política
errónea han empezado a hacerse evidentes
para todos los implicados. A raíz
de las controversias sobre las patentes de
los antiSIDA en África, la política y los
privilegios de la industria farmacéutica
han sido cuestionados a escala internacional.
En el ámbito de EEUU (la mitad
del mercado global de medicamentos),
los dos factores más importantes que han
desvelado la conciencia crítica han sido:
a) la creciente diferencia de precios
entre EEUU y Canadá en cuanto a los
medicamentos protegidos por patente, y
b) el carácter superfluo y potencialmente
peligroso de los medicamentos de
“yo también”.
Veamos estos factores con algo más
de detalle.
a) El precio de un medicamento protegido
por patente es en Europa o en
Canadá la mitad o incluso un tercio del
precio del mismo medicamento en
EEUU. Desde 1987, en EEUU es ilegal
importar medicamentos de Canadá. A
pesar de ello, en 2002, más de un millón
de ciudadanos de EEUU compraban regularmente
sus medicamentos en farmacias
de Canadá (en muchas poblaciones
cercanas a la frontera se organizaban autobuses
con tal finalidad). Un año mas
tarde, el 7% de los ciudadanos de EEUU
compraban medicamentos a Canadá a
través de internet (el número de farmacias
canadienses en internet pasó de 10
en 1999 a 140 en 2003). La ciudad de
Springfield (Massachussetts) decidió
que, para reducir gastos administrativos,
compraría en Canadá todos los medicamentos
de sus funcionarios públicos. Un
desafío abierto realizado con la intención
de denunciar los precios abusivos.
Boston y representantes gubernamentales
de 12 estados más se han adherido a
la denuncia de Springfield y están buscando
alternativas para adquirir los medicamentos
a precios más razonables77.
b) Las grandes compañías de seguros
y un número creciente de estados
han elaborado y aprobado formularios
que excluyen los medicamentos de “yo
también”. Esto significa que las compañías
de seguros sólo cubren el coste de
los medicamentos de sus asegurados si
estos medicamentos constan en su formulario.
En el caso de los estados, la
elaboración de un formulario afecta a
las personas de más de 65 años que tienen
derecho a acogerse a un programa
(Medicaid) que cubre en parte el coste
de los medicamentos. Como en el caso
de las compañías de seguros, los estados
sólo cubrirán el coste de los medicamentos
que consten en su formulario,
y no los que consten en los listados oficiales
de alcance federal controlados
por la propia industria farmacéutica. En
el año 2001 sólo dos estados tenían formulario;
en el año 2003, la mitad de los
estados de EEUU lo tenían.


4.2. MÁRQUETING VS. INNOVACIÓN TERAPÉUTICA


Un estudio oficial llevado a cabo por
una comisión de expertos nombrada por
el Congreso de EEUU estimó que el
coste de producción de un nuevo medicamento
era en 1993 de 802 millones de
dólares79. El Centro para el Estudio de
una Legislación Responsable de
Washington efectuó un contrainforme
evaluando el coste de los medicamentos
que eran financiados a partes iguales por
las compañías farmacéuticas y por dinero
público (los medicamentos llamados
“huérfanos”, que representan el
20% de los medicamentos comercializados
en EEUU y corresponden a medicamentos
cuyo mercado potencial es
demasiado pequeño para compensar los
gastos de investigación). El coste total
de producción de un medicamento huérfano
fue hasta tres veces menor que el
de un medicamento totalmente producido
por una compañía farmacéutica. Esta
disparidad se produce porque, en el caso
de los medicamentos producidos por
una compañía farmacéutica, en el apartado
de “producción” se incluyen parte
de los gastos que son propiamente de
“promoción”. En el caso de los medicamentos
huérfanos, esto no puede hacerse
porque el compromiso es repartir a
partes iguales los gastos de “producción”,
y no los de márqueting.
La conclusión es que la mayor parte
de los gastos de las compañías farmacéuticas
son actualmente gastos de
márqueting, pero no se presentan como
tales, sino que se disfrazan como gastos
de investigación o de producción para
poder encarecer así aún más los medicamentos.
En 2001, los médicos de EEUU recibieron
las visitas de un total de 88.000
representantes de la industria farmacéutica
que, además de repartirles 11 mil
millones de dólares en muestras gratuitas
de nuevos medicamentos para que
“los probasen” con sus pacientes, les
ofrecieron regalos personales, viajes y
otras compensaciones.
EEUU y Nueva Zelanda son los dos
únicos países industrializados en los que
está permitido realizar propaganda directa
a los pacientes de los medicamentos
de receta. En el resto de países está
prohibido porque la vulnerabilidad del
paciente puede ser manipulable y la
probabilidad de que un médico tenga en
cuenta los deseos de su paciente al recetar
es también elevada, sobre todo
cuando se trata de elegir entre medicamentos
que tienen los mismos efectos
terapéuticos, como los medicamentos
de “yo también”.
Dos ejemplos de cómo puede ser
manipulada esta vulnerabilidad son:
a) los anuncios de medicamentos del
“canal paciente” (un canal de TV que
sólo se emite en hospitales). Hay que
imaginar al paciente acostado en su cama
del hospital, preocupado porque no
se encuentra demasiado bien, oyendo
toda clase de informaciones sesgadas
sobre los nuevos medicamentos que po-
drían curarle, presentadas muchas veces
por personajes famosos del mundo del
espectáculo o los deportes;
b) el segundo ejemplo son los estudiantes
de las escuelas secundarias y
campus universitarios a los que se dirigió
una campaña masiva de promoción
de medicamentos antidepresivos; los
centros docentes, a cambio de elevadas
cantidades de dinero, permitían que médicos
pagados por las compañías farmacéuticas
dieran conferencias a los estudiantes
y les animaran a pedir a sus
médicos o a los médicos del campus que
les recetaran antidepresivos para solventar
los problemas de personalidad y
crecimiento propios de los adolescentes
y jóvenes.
Un testimonio personal: recuerdo el
gran impacto que tuvo en todos los residentes
de medicina interna una conferencia,
de asistencia obligatoria, que nos
ofrecieron pocos meses después de
nuestra llegada al hospital de Buffalo
(Nueva York) donde tendríamos que
llevar a cabo la residencia durante tres
años. Se nos informó de que la tasa de
suicidios entre los residentes de primer
año era muy alta y que haríamos bien en
buscar cuanto antes el mejor tratamiento
para nuestra depresión (todos estábamos
muertos de sueño y exhaustos por
tantas horas de guardias). Nos informaron
también de que había salido un nuevo
tratamiento que parecía que podía
prevenir la depresión. Tuve la suerte de
que mi médico-tutor, un ex médico del
ejército de cierta edad y con mucha experiencia
me advirtió de los intereses
que escondía aquel “acto académico”.
Me impresiona pensar que podría haber
muerto o enfermado de por vida a causa
de los efectos secundarios de un medicamento
que había sido producido
únicamente por ánimo de lucro, evaluado
y aprobado con escaso rigor, que yo
no necesitaba para nada y que me había
sido promocionado en un momento especialmente
vulnerable. Amí no me pasó,
pero a otros –a miles de otros– sí les
ha pasado.





5. UNA OPORTUNIDAD PARA DESMANTELAR EL SISTEMA
Todas las fuentes consultadas para la elaboración de este cuaderno
coinciden en afirmar que el mal funcionamiento de la industria farmacéutica
puede corregirse (y debe corregirse con urgencia) en beneficio
de los enfermos, tanto los del Primer como los del Tercer Mundo, y también
en beneficio de la misma industria que, como hemos visto, ha
entrado en crisis. Resumiré a continuación las conclusiones de los
autores más citados en este cuaderno.
PRINCIPALES CONCLUSIONES DE M. AGNELL, 2005


1. Las compañías farmacéuticas producen
demasiados medicamentos de
“yo también” y demasiado pocos medicamentos
auténticamente nuevos.
2. La agencia reguladora más influyente
del mundo (la FDA de EEUU) está
demasiado vinculada a la industria
que tiene por obligación regular.
3. Las compañías farmacéuticas tienen
demasiado control sobre los ensayos
clínicos que sirven para evaluar la
eficacia y la seguridad de sus propios
productos.
4. Las patentes y otros derechos de monopolio
tienen una duración excesiva
y disfrutan de demasiada elasticidad.
Los medicamentos son patentados
antes de haberse realizado los ensayos
clínicos que tienen que demostrar
su eficacia y confirmar su seguridad.
Con ello, la duración de la patente
empieza a contar cuando todavía no
puede comercializarse el medicamento.
Así, a la duración de 20 años
prevista en la legislación actual tienen
que restársele normalmente de 3
a 5 años para completar los estudios
clínicos. Debería modificarse esta legislación
de forma que el reloj empiece
a contar en el momento de comercialización
del medicamento y
no antes. (...) La duración de la patente
podría ser de 6 años.
(...) Los múltiples trucos legales mediante
los que las compañías farmacéuticas
propietarias de una patente
bloquean rutinariamente la entrada en
el mercado de los medicamentos genéricos
durante 30 meses después de
que haya expirado su patente tienen
que denunciarse y tiene que modificarse
la legislación para que tal abuso
no sea posible.
5. Las compañías farmacéuticas tienen
demasiada influencia en la educación
médica que tiene que ver con sus productos
(...).
6. Existe importante información sobre
la investigación, el desarrollo, el
marketing y la determinación del precio
de los medicamentos que se mantiene
en secreto.
7. Los precios de los medicamentos son
demasiado elevados y variables.

PRINCIPALES CONCLUSIONES DE P. PIGNARRE


Los ciudadanos tienen que intervenir
en los siguientes niveles:
1. Definición de las prioridades de investigación
y de asignación de recursos.
2. Desarrollo de la investigación (sb.
los ensayos clínicos).
3. Comercialización: política de patentes
y precios, para conseguir los siguientes
objetivos:
a) Abrir licitaciones según prioridades
nacionales e internacionales definidas
de la forma más democrática posible
(se podrían, entonces, garantizar unas
condiciones de comercialización extraordinarias
para quien encuentra una
curación para una de estas enfermedades
prioritarias).
b) Dar valor a los principios activos
y no a los nombres comerciales (que las
cajas de medicamentos –al revés de como
se hace ahora– tuvieran bien visible
el nombre genérico y muy pequeño el
nombre comercial).
c) Premiar el valor añadido real y no
de promoción (¡un progreso de curación
del 5% no tiene por qué comportar un
precio 10, 15 o hasta 100 veces superior!).
d) Negociar la duración de las patentes;
por ejemplo, podrían prolongarse en
los países riscos a cambio de eliminarlas
en los países pobres (Bristol-Myers
Squibb en el año 2001 anunció que, cada
5 años, realizaría una donación de 100
millones de euros para luchar contra el
SIDAen África…, pero no liberó sus patentes).
e) Crear un observatorio de la investigación,
un registro independiente de los
procesos reales que han conducido al hallazgo
de un nuevo medicamento (para
poder racionalizar la inversión y evitar
engaños). (...).
f) Decidir democráticamente. Esto
debería ser una constante en toda la dinámica
económica, pero en el caso de la
industria farmacéutica es plenamente
operativo y factible y de implementación
inmediata, porque para desarrollar un
nuevo medicamento, son necesarios ensayos
clínicos, y los ensayos clínicos se
hacen con gran número de pacientes (o
sea, de ciudadanos), que han de dar su
consentimiento informado (su aprobación).


PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL INFORME DESEQUILIBRIO FATAL
DE MÉDICOS SIN FRONTERAS, 2001


1. Las enfermedades que afectan
principalmente a los pobres no se investigan
porque su investigación no resulta
rentable para la industria farmacéutica.
2. La OMS debe elaborar un plan de
acción eficaz para resolver este problema.
3. Los gobiernos de los países ricos
y de los países pobres tienen que invertir
para compensar las deficiencias de la
actual economía de mercado.
4. Debe llevarse a cabo un análisis
completo y ajustado del coste real de
producción de un nuevo medicamento.
5. A cambio del dinero público invertido
en el estudio y desarrollo de un
nuevo medicamento, debe exigirse que
este medicamento sea accesible y asequible
económicamente para los enfermos.
6. Deben potenciarse las capacidades
de investigación y producción de medicamentos
de los países pobres.
7. Es preciso un análisis independiente
del impacto a largo plazo de las actuales
políticas sobre la capacidad de producir
medicamentos de los países pobres.
8. Debe crearse un nuevo organismo
que trabaje para que las enfermedades
olvidadas puedan de dejar de serlo algún
día. (...).
PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL COMITÉ DE EXPERTOS DEL
PARLAMENTO INGLÉS, 2005:


1. Los medicamentos de “yo también”
son un problema, pero la comisión no
ha llegado a ningún acuerdo sobre este
punto.
2. Es preciso establecer un centro independiente
para llevar a cabo los ensayos
clínicos, porque el sistema actual
está demasiado sesgado.
3. La agresividad del marketing inmediato
a la comercialización de un nuevo
medicamento, el alud de información
que se distribuye y el
encubrimiento de esta información
haciéndola pasar por educación médica
contribuyen a que se receten medicamentos
de forma inadecuada.
4. La falsificación de artículos científicos
y la ocultación de los resultados
de los ensayos no favorables a la industria
provoca la proliferación de recetas
inadecuadas.
5. La culpa de las recetas inadecuadas no
es sólo de las compañías farmacéuticas,
sino también de médicos y otros
profesionales que no son lo suficientemente
críticos y se muestran demasiado
dispuestos a aceptar los regalos
de las compañías farmacéuticas y a
dar por buena la información que éstas
les suministran.
6. El marketing de la industria farmacéutica
es implacable y ubicuo y se
dirige no sólo a los profesionales sino
también a los pacientes y al público
en general.
7. Debe elaborarse un folleto para los pacientes
con información general y
completa que indique cuál es el papel
de los medicamentos en el tratamiento
de las enfermedades.
8. La publicidad dirigida directamente a
los pacientes es inadecuada e innecesaria
en el Reino Unido. Esta publicidad
tiene un alto contenido emocional
(...).
9. La publicidad indirecta a través de
campañas educativas no está lo suficientemente
bien regulada.
10. Amenudo, se desconoce qué tipo de
apoyo reciben los grupos de pacientes
por parte de las compañías farmacéuticas.
Esta información tiene que
ser pública.
11. La vigilancia de los medicamentos
ya comercializados es insuficiente.
12. El gobierno tiene que financiar el estudio
de las alternativas terapéuticas
no farmacológicas que la industria
farmacéutica ignora porque no son
rentables para ella.
13. Los médicos y otros profesionales
con derecho a recetar tienen que asumir
su parte de culpa por los problemas
resultantes de la prescripción inadecuada
de antidepresivos del tipo
SSRI y de antiinflamatorios del tipo
inhibidores COX-2. Estos medicamentos
han sido recetados a gran escala
de forma indiscriminada. Esto ha
sido debido en parte a la intensa actividad
de promoción, especialmente
en el momento de su comercialización,
pero también es consecuencia
de haber mantenido en secreto información
importante y de haber aceptado
de forma poco crítica la propaganda
de las compañías
farmacéuticas. El marketing agresivo
ha llegado a convencer a demasiados
profesionales del hecho que pueden
receptar impunemente. (...) No tenemos
ningún mecanismo efectivo para
temperar la explosión de recetas de la
que viene acompañada la comercialización
de un nuevo producto. Éste es
el periodo más importante para promocionar
un nuevo medicamento, pe-
ro es preciso hacer notar que es también
el periodo en que menos cosas
sabemos de sus efectos reales.
14. Recomendamos que el registro de
ensayos clínicos lo mantenga un organismo
independiente y que los resultados
de todos los estudios –los favorables
y los desfavorables– sean
hechos públicos como condición previa
a la comercialización.
15. Que se limite la cantidad de muestras
gratuitas que reciben los profesionales
que pueden recetar, especialmente
durante los primeros seis
meses de comercialización de un nuevo
medicamento (...).
16. Es preciso que las evaluaciones de la
agencia reguladora y la información
y los criterios que ha utilizado para
llevarlas a cabo sean públicos. Que se
incluyan ciudadanos en las comisiones
de estudio y se les ofrezca la formación
y el apoyo suficientes para
que puedan jugar un papel activo en
la toma de decisiones.
17. Deben investigarse mejor los efectos
secundarios. Los observados en los
ensayos clínicos previos a la comercialización
son insuficientes.
18. Que la agencia reguladora contrate
más personal para monitorizar los
nuevos medicamentos durante los
primeros meses. Que todos los nuevos
medicamentos sean re-evaluados
por la agencia reguladora de forma
sistemática cinco años después de su
entrada en el mercado.
19. Recomendamos que la agencia reguladora
posea la misma autoridad
para restringir los usos de un medicamento
que la que tiene para autorizar
su comercialización.
20. Recomendamos que se haga efectivo
en todo el país el sistema de registro
de los efectos secundarios, que se
investiguen todos los casos y que ello
se realice con transparencia y sin dar
falsas seguridades.
21. Recomendamos que exista un proceso
público siempre que un medicamento
sea retirado del mercado debido
a sus efectos secundarios.
22. El marketing excesivo alienta a recetar
medicamentos de forma inadecuada.
Las actuales estrategias para
dar a conocer información no sesgada
son insuficientes. Recomendamos
que la agencia reguladora tenga derecho
a veto sobre todo el material promocional
de los nuevos productos
farmacéuticos y que se limite el derecho
a recetar nuevos medicamentos
durante los dos primeros años de su
comercialización (...). Si al cabo de
dos años no han existido señales de
alarma en cuanto a efectos secundarios
peligrosos, puede entonces ampliarse
el derecho a recetarlos.
23. Recomendamos una mejor coordinación
y prontitud en las tareas de investigación
de las quejas de marketing
ilegal. En caso de que sea preciso
corregir la información engañosa, debe
asegurarse que la corrección recibe
tanta publicidad como recibió el
engaño (...).
24. El mercado de genéricos es importante.
Debe evitarse que las compañías
farmacéuticas manipulen la legislación
de patentes para alargarlas
indebidamente.
25. Recomendamos que a los estudiantes
de medicina se les enseñe a evaluar
de forma crítica los resultados de
los ensayos clínicos, a reconocer los
efectos secundarios de los medicamentos
y a relacionarse adecuadamente
con los representantes de las
farmacéuticas. Deben existir cursos
de posgrado obligatorios para todos
los profesionales con derecho a recetar
para que estén al día. Deben regularse
más estrictamente las prácticas
de receta de los profesionales.
26. Recomendamos que las asociaciones
profesionales mantengan un registro
público de todos los regalos, dinero,
honores y otros beneficios que estas
asociaciones y cada uno de sus miembros
reciban de parte de las compañías
farmacéuticas. Cada miembro debería
ser responsable de mantener
actualizado dicho registro (...).
27. Que se endurezcan las normas relativas
a las campañas de salud promocionadas
por los laboratorios de modo
que quede claro y sea explícito
para todos que aquella campaña ha sido
financiada por una compañía que
tiene en ello intereses económicos directos.
28. Que los grupos de pacientes declaren
sus fuentes de financiación y los
favores que reciben y lo hagan público.
29. Que la incidencia, el coste y las implicaciones
de las enfermedades causadas
por los medicamentos sean investigadas
de forma sistemática por el
Departamento de Sanidad junto con
la agencia reguladora de los medicamentos.
30. Que el gobierno cree un nuevo programa
que asegure el acceso a los medicamentos
a todos los enfermos, que
garantice adecuadamente la seguridad
y la eficacia de estos medicamentos
y su uso racional, y vele para
que los tratamientos farmacológicos
se estudien comparativamente con relación
a los tratamientos no farmacológicos.
31. Que el sistema nacional de salud modifique
su normativa y que los tratamientos
no farmacológicos se consideren
de igual categoría que los
farmacológicos.
32. Que la responsabilidad de representar
los intereses de la industria farmacéutica
sea transferida al
Departamento de Comercio e
Industria para que el Departamento
de Salud pueda dedicarse exclusivamente,
como es su obligación, a la regulación
de los medicamentos y a la
promoción de la salud.



Tras haber estudiado el tema de los crímenes de las compañías farmacéuticas,
mi conclusión no es que la economía tiene que ser regulada por la política…
porque ya lo está siendo. Como hemos visto, sin las leyes favorables del Congreso
estadounidense y sin los acuerdos de la OMC no podría haber proliferado esta
industria de la forma en que lo ha hecho. Lo que es preciso es que la política que
necesariamente regula el mercado sea una política justa, una política del bien común,
una política que tenga en cuenta a todo el mundo y no sólo a los más privilegiados.
Una política democrática no sólo de forma.




Teresa Forcades i Vila es monja benedictina.
 Doctora en medicina, prepara un doctorado
en teología. Perteneció al primer grupo de 
jóvenes de Cristianisme i Justícia.

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